La norteamericana Oficina Nacional de Investigaciones Económica (NBER por sus siglas en inglés) se encarga de ubicar temporalmente las recesiones de ese país. En este caso, la última recesión registrada por la NBER tiene fecha de inicio y término: diciembre 2007 y junio de 2009, respectivamente. Esta recesión ha sido la más larga desde el fin de la segunda guerra mundial, superando en 2 meses a las recesiones de 1973-1975 y 1981-1982 las cuales habían durado 16 meses cada una. Los eventos de las últimas semanas, tanto en los EEUU como en Europa, que no son sino manifestaciones de problemas fiscales estructurales acumulados a lo largo de varios años, han ido conjugando las características necesarias para que nuevamente la NBER empiece a contar los meses de una potencial nueva recesión.

La Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) está ultimando los detalles de lo que será la Ley de Control y Regulación de Mercado para enviarla con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional, lo que implica solo 30 días para discutirla. No es la primera vez que un proyecto de ley antimonopolio es propuesto para ser debatido por el cuerpo legislativo aunque si es la primera vez que se escoge un desafortunado nombre para ella ya que, por lo general, la ley antimonopolio se conoce como ley de competencia. Con ello, los sustantivos “Control y Regulación” hacen prever un policiaco futuro para esta ley (una analogía a este nombre sería la diferencia entre ministerio de guerra y ministerio de defensa). Más allá de las consideraciones idiomáticas, el futuro proyecto de ley (del que se desconocen los detalles gracias al hermetismo senpladiano) merece algunas reflexiones.

Luego de una hibernación forzada por la consulta popular y referéndum del pasado mayo, despertó la propuesta de reforma tributaria lanzada inicialmente a principios de enero cuando los planificadores oficiales “descubrieron” que necesitaban $406 millones adicionales para financiar una “inesperada” emergencia hospitalaria. Una sorpresa que se presentó apenas un mes después de aprobar el más grande (hasta ahora) presupuesto general del Estado en la historia del Ecuador: $24 mil millones (codificado $26 mil millones).